La Superintendencia Nacional de Protección al Consumidor (Indecopi) impuso una multa superior a los S/ 280 mil a Scotiabank Perú S.A.A., tras confirmar su responsabilidad en dos casos de operaciones no reconocidas que dejaron a los clientes endeudados por préstamos que nunca solicitaron. La sanción, equivalente a 52.92 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se dictó en segunda y última instancia administrativa.
En el primero de los casos, ocurrido en septiembre de 2022, un cliente denunció el robo de su celular y procedió de inmediato a bloquear su línea telefónica, el aplicativo móvil del banco y sus cuentas bancarias. A pesar de estas acciones, días después recibió una notificación de Scotiabank informándole sobre el cronograma de pagos de un crédito por S/ 33,700, solicitado presuntamente a través de la app móvil.
El préstamo fue desembolsado en una cuenta Bfree que tampoco había sido solicitada por el usuario. Además, se detectaron cuatro operaciones no reconocidas por un monto total de S/ 17,000, realizadas después del robo. Indecopi concluyó que el banco no implementó medidas de seguridad adecuadas para prevenir estas transacciones, lo que derivó en una multa de 30.09 UIT y la orden de anular tanto el préstamo como la cuenta abierta sin consentimiento.
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El segundo caso involucró la asignación de un préstamo de S/ 100,000 a otro cliente, sin que este lo hubiera solicitado. Además, se realizaron dos operaciones por S/ 20,000 y S/ 17,000 respectivamente, que no fueron detectadas por los sistemas de alerta del banco, pese a no corresponder con el comportamiento habitual del usuario.
Indecopi también verificó que Scotiabank no entregó toda la información requerida por el cliente afectado, lo que agravó la situación. Por estas infracciones, se impuso una multa adicional de 22.83 UIT y se ordenó la anulación del préstamo no autorizado.
Ambos casos evidencian fallas graves en los sistemas de seguridad y monitoreo de la entidad financiera, así como en la atención a los reclamos de los usuarios. La resolución de Indecopi subraya la obligación de los bancos de proteger los datos y fondos de sus clientes, especialmente en un entorno digital donde los fraudes pueden ejecutarse con rapidez y sofisticación.
La decisión marca un precedente importante en la defensa de los derechos del consumidor financiero en Perú, y refuerza la necesidad de que las entidades bancarias fortalezcan sus protocolos de seguridad, detección de anomalías y respuesta ante denuncias de fraude.