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El comercio electrónico internacional ha irrumpido con fuerza en Uruguay, generando un debate que trasciende lo fiscal y alcanza dimensiones sociales, laborales y estratégicas. La llegada de plataformas como Temu ha disparado el volumen de compras online en el exterior, obligando al Estado a reconsiderar su política tributaria frente a un fenómeno que ya no parece coyuntural.
Desde abril de 2024, el crecimiento de Temu en Uruguay ha sido vertiginoso. Según datos de la Cámara Uruguaya de Comercio y Servicios, el número de paquetes ingresados por el régimen de franquicias pasó de 51.000 mensuales a más de 200.000 en mayo de 2025. Este incremento no solo refleja una transformación en los hábitos de consumo, sino también una presión creciente sobre un sistema diseñado para compras ocasionales.
El régimen actual permite a cada ciudadano realizar tres compras anuales de hasta 200 dólares y 20 kilos sin tributos. Sin embargo, el uso masivo ha desbordado su propósito original. En paralelo, el régimen simplificado de importación —que aplica un tributo único del 60%— también se disparó: en 2024 fue utilizado por 330.000 personas, generando una recaudación de 12 millones de dólares, frente a los 500.000 dólares anuales previos.
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El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 22% a las compras online en el exterior, actualmente exoneradas. Aunque no hay confirmación oficial, el debate ya está instalado. La medida busca equilibrar la competencia entre el comercio local —que sí tributa— y las plataformas extranjeras, que ingresan productos sin cargas fiscales.
El director de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, advierte que cualquier reforma debe considerar los compromisos internacionales, como el TIFA con Estados Unidos, que permite compras libres de impuestos hasta tres veces al año por 200 dólares. Una modificación apresurada podría generar fricciones diplomáticas.
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Desde la Cámara de Comercio y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), se denuncia una competencia desleal que amenaza al comercio minorista y al empleo. Fabio Riverón, presidente de Fuecys, insiste en que el análisis debe ser integral, contemplando no solo la recaudación, sino también el impacto social y laboral.
El comercio minorista es uno de los principales generadores de empleo en Uruguay. La entrada masiva de productos sin impuestos erosiona su competitividad y pone en riesgo su sostenibilidad.
¿Una medida inevitable?
La experiencia internacional demuestra que el e-commerce, una vez adoptado por los consumidores, no retrocede. En este contexto, aplicar el IVA podría ser inevitable para preservar la equidad tributaria y proteger el mercado interno. Sin embargo, el desafío será diseñar un esquema que no frene la modernización del consumo ni vulnere los derechos adquiridos por los usuarios.
El futuro del comercio digital en Uruguay dependerá de cómo se resuelva esta tensión entre apertura y regulación. Lo que está claro es que el fenómeno llegó para quedarse, y el Estado deberá encontrar un equilibrio entre competitividad, recaudación y justicia social.