En una sesión marcada por el consenso mayoritario, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso dio luz verde a un proyecto de ley que busca elevar los estándares de seguridad y protección en el comercio electrónico en el país. La medida apunta a cerrar brechas normativas creadas por la rápida expansión de plataformas digitales y marketplaces, cuya operación supera ampliamente el marco regulatorio vigente.
La iniciativa redefine el concepto de proveedor e incorpora formalmente la categoría de canal digital, abriendo paso a obligaciones más precisas en materia de transparencia, trazabilidad de operaciones, privacidad y uso de datos personales. También se reconoce el derecho al olvido y se introducen lineamientos similares a los adoptados en la Unión Europea y en países latinoamericanos como Brasil, Colombia y México.
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Durante la presentación del proyecto, la presidenta de la comisión, Katy Ugarte, advirtió que el Código del Consumidor—vigente desde 2010—quedó desfasado frente a los nuevos modelos de negocio digitales, permitiendo zonas grises que han derivado en riesgos, información insuficiente y prácticas que afectan a miles de usuarios.
La propuesta incorpora exigencias adicionales para plataformas y proveedores digitales: información verificable y accesible sobre contratos y devoluciones, mecanismos más ágiles de reclamo y resolución de conflictos, y mayor seguridad jurídica en cada transacción. Asimismo, entrega a los consumidores mayor control sobre sus datos y decisiones de compra, un aspecto clave en un entorno dominado por algoritmos y diseños de interfaz que pueden influir en el comportamiento del usuario.
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“Con esta norma damos un paso firme hacia un mercado digital más seguro, confiable y justo para todos”, señaló la congresista Ugarte, destacando el rol de la reforma para fortalecer la confianza en el e-commerce y reducir los riesgos asociados a la desinformación y prácticas abusivas.
El texto aprobado modifica el artículo 4 del Título Preliminar y el artículo 1 del Código del Consumidor, precisando responsabilidades y garantizando que los actores digitales ofrezcan información clara y transparente, un requisito cada vez más relevante en un mercado donde las decisiones se toman en segundos.