La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi impuso una multa de 42.88 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/229,408, a la empresa Entel Perú S.A. por no atender de manera justificada los requerimientos de información en el marco de una investigación sobre llamadas telefónicas no solicitadas. La sanción pone en evidencia la importancia de la transparencia empresarial en los procesos de fiscalización.
La investigación se originó tras denuncias recibidas durante el primer trimestre de 2024, en las que se señalaban presuntas llamadas spam realizadas con fines comerciales. El objetivo del proceso era determinar si estas prácticas vulneraban el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Como parte de sus diligencias, Indecopi solicitó a Entel los audios correspondientes a las llamadas en cuestión. Sin embargo, la empresa no entregó la información requerida, alegando dificultades técnicas sin sustento suficiente. Esta conducta fue calificada por el organismo como obstruccionista, ya que la falta de colaboración impidió avanzar en la verificación de posibles infracciones.
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Además, Entel tampoco cumplió con requerimientos alternativos que habrían permitido continuar con la investigación. Esta omisión prolongó el proceso por más de once meses sin resultados concretos, lo que llevó al Indecopi a tomar medidas correctivas.
La sanción se ampara en el artículo 5° del Decreto Legislativo 807, que faculta al ente regulador a imponer multas de hasta 50 UIT a proveedores que incumplan injustificadamente sus obligaciones informativas. Indecopi reiteró que la colaboración empresarial es esencial para garantizar investigaciones eficaces y proteger los derechos de los consumidores.
Actualmente, la decisión se encuentra en etapa de apelación. Si Entel presenta el recurso correspondiente, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, última instancia administrativa del Indecopi. La resolución final será de consulta pública.
Este caso subraya la necesidad de que las empresas respondan con responsabilidad ante los requerimientos de los organismos reguladores, especialmente cuando se trata de prácticas que pueden afectar directamente a los consumidores.