El Congreso de Perú debate la regulación de aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi, Cabify e InDrive, mediante el Proyecto de Ley N.º 842, el cual busca aplicar un marco legal similar al de los taxis tradicionales. La iniciativa ha generado rechazo por parte de plataformas digitales, cámaras de comercio y asociaciones civiles, quienes advierten que los requisitos propuestos podrían elevar costos, reducir la oferta de conductores y afectar la calidad del servicio.
El 15 de mayo, el Congreso aprobó un texto sustitutorio con 46 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones, incorporando modificaciones sobre habilitaciones y fiscalización. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es la exigencia de una licencia de conducir profesional (AII-a) para operar en estas plataformas, lo que dificultaría la participación de conductores no especializados.
La congresista Patricia Chirinos cuestionó esta medida, argumentando que más de 100.000 peruanos dependen de estas aplicaciones para generar ingresos, incluyendo estudiantes, madres solteras y personas desempleadas. En contraste, Ruth Luque defendió la formalización del servicio y la creación de un registro nacional de empresas y conductores, destacando la importancia de garantizar seguridad en el transporte.
Datos del Instituto Peruano de Economía (IPE) indican que estas plataformas contribuyen con S/5,534 millones al PBI peruano (0.59%), beneficiando a 133.000 conductores y repartidores, de los cuales 37% depende exclusivamente de esta actividad para obtener ingresos adicionales.
Empresas como Cabify resaltan que su modelo se basa en intermediación digital, donde el usuario paga por el servicio y la plataforma conecta oferta y demanda mediante algoritmos. A pesar de esto, el Congreso busca aplicar regulaciones similares a las de los taxis tradicionales, generando incertidumbre sobre la viabilidad del sector.
Expertos advierten que el proyecto impondría costos adicionales a los conductores, como el trámite para obtener la licencia AII-a, lo que afectaría su rentabilidad. Además, la mayoría de los peruanos considera que las aplicaciones de movilidad son más seguras que los taxis tradicionales debido a herramientas como monitoreo en tiempo real y botón de emergencia.
Desde Uber Perú, señalan que la propuesta podría bloquear aplicaciones sin transparencia, afectando la innovación y la autonomía laboral. En lugar de modernizar el sistema de transporte, advierten que la medida podría excluir al país de avances tecnológicos y perjudicar a miles de trabajadores.
Con una reconsideración pendiente en el Pleno del Congreso, el futuro de la regulación aún está por definirse.